Aquellos que realicen operaciones
consideradas como vulnerables tienen la obligación de reportar mensualmente a
la UIF
Las joyerías, distribuidores
automotrices, casas de cambio, casinos y básicamente cualquier tienda que
celebre operaciones comerciales con clientes por montos superiores a 207,000
pesos en promedio, corren el riesgo de ser multadas por 12,000 y hasta cuatro
millones de pesos, e incluso podrían perder su licencia de operación en caso de
incumplir con la llamada ley antilavado, cuyo reglamento entró en vigor el
pasado 31 de octubre.
El socio de Investigaciones
Forenses de la consultoría Deloitte, Jorge García Villalobos, aseveró que la
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita tiene bajo observación a las empresas que operen en
actividades consideradas como vulnerables.
Aquellos
que realicen operaciones consideradas como vulnerables tienen la obligación de
reportar mensualmente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda
información relacionada con las actividades que lleven a cabo con sus clientes,
los días 17 de cada mes a través de Internet.
Hacienda estima que hay cerca
de 320,000 personas físicas y morales que realizan actividades consideradas
como "vulnerables" al lavado de dinero, y que ya debieron de haberse
dado de alta para reportarle a la UIF.
Hasta antes de la aprobación de la Ley Antilavado, la autoridad
sólo recibía reportes de intermediarios del sector financiero como bancos,
casas de bolsa, Afores, sociedades de inversión, entre otros, pero a partir de
este mes tendrá que recibir y procesar los reportes que le enviarán cadenas comerciales,
joyería, casas de cambio, empresas de casinos, inmobiliarias y agentes
aduanales.
También atenderá a empresas de traslado de valores, blindadoras,
organizaciones sin fines de lucro, notarios, corredores públicos y agencias de
autos.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Permisionarios y
Proveedores de Juegos y Sorteos (APJSAC), Alfonso Pérez Lizaur, descartó que
sus agremiados hayan enfrentado algún problema para iniciar con el cumplimiento
de la Ley, aunque lamentó que el monto que se fijó para dar aviso a la
autoridad sea muy bajo.
En el caso de los juegos de apuesta, concursos o sorteos, el
monto a partir del cual se debe dar aviso a la autoridad es a partir de 41,770
pesos, pero los concesionarios de casinos creen que tendría que ser mayor,
debido a que en este tipo de establecimientos muchas de las operaciones son en
promedio este monto.
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